La situación en Andalucía respecto al narcotráfico, concretamente el tráfico de hachís procedente de Marruecos, se ha deteriorado en los últimos años como vienen denunciando fiscales, policías y guardias civiles.
La presión policial en determinadas áreas ha provocado que las rutas para introducir la #droga se hayan desplazado, habiendo encontrado en el río Guadalquivir una nueva vía rápida de difícil control para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. A esto hay que sumarle que, en muchas ocasiones, la droga se esconde en "guarderías" en poblaciones pequeñas, en las que cualquier movimiento de personas "extrañas" o "de fuera" es rápidamente detectado. Esto, como es evidente, dificulta enormemente la labor policial.
Además, los delincuentes han adquirido armamento "de guerra" y lo utlizan, lo que denota un salto cuantitativo y cualitativo en la disposición al uso de la violencia, a la pérdida del principio de autoridad, y a la pérdida del miedo al reproche penal.
Ante esta situación, en mi opinión, es necesario ir más allá de las muy necesarias medidas policiales. Es necesario aumentar la presencia policial en la región y dotar de más y mejores medios a los agentes, pero esta medida por sí misma no es suficiente. Como ha demostrado la evidencia en incontables ocasiones, la presencia policial no basta para eliminar el problema, simplemente lo desplaza de lugar.
Es necesario implementar medidas de prevención social y educativas que, por un lado, actúen sobre los potenciales consumidores. Y por otro, que actúen sobre los potenciales delincuentes que decidan implicarse en el narcotráfico. Esto incluye desarrollar medidas a largo plazo para mejorar la economía de la región y reducir el paro, dos factores que pueden ayudar a reducir la criminalidad en la región. Lamentablemente, en Andalucía y en el Estado gobiernan dos partidos políticos diferentes, con competencias diferentes pero complementarias, que en el actual contexto social y político, donde los consensos han quedado relegados a un segundo plano por la polarización y el enfrentamiento, hacen difícil que se implementen medidas estructurales con un horizonte superior al de una legislatura.
A esto añadiría una revisión profunda de nuestra política criminal respecto al tráfico de drogas, teniendo presente que el incremento de penas no resulta efectivo. Sobre todo cuando vemos que los delincuentes están dispuestos a asumir el coste de asesinar policías y guardias civiles.
Finalmente, tenemos que asumir que Marruecos es el principal productor de hachís del mundo y que, por tanto, debe ser un aliado estratégico, al igual que debe serlo en materia de #terrorismo y #migración irregular.
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